Descripción
Ante la transformación del sistema de justicia penal que actualmente propone la Constitución derivada de la reforma del 18 de junio del año 2008, surge la necesidad de reflexionar los alcances que traen aparejada la adopción de un sistema acusatorio adversarial oral, para así ir delimitando la forma en que ha de aterrizarse durante el proceso penal, dado que se ha establecido un plazo máximo de ocho años para que tanto los estados como la Federación realicen sus cambios normativos respectivos y la reingeniería institucional que presupone la adopción del nuevo sistema.
